La iniciativa reformaría la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.
La diputada Maribel Ramírez Topete presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, con la finalidad de crear, implementar y evaluar los Registros Estatal de Deudores Alimentarios y el de Agresores Sexuales.
Al participar en la sexta sesión, la legisladora propuso, en primer término, la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en el que se inscriban a las personas que hayan incumplido con sus obligaciones alimentarios de manera consecutiva o aleatoria y que ha sido dictada por sentencia firme o convenio judicial.
Este Registro será implementado por la Secretaría de Gobierno (Segob), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas autoridades deberán proporcionar la información correspondiente de los deudores alimentarios.
Las inscripciones que se hagan en este Registro contendrán cuando menos el nombre, apellidos y Clave Única de Registro de Población del deudor; nombre del acreedor alimentario, órgano jurisdiccional que ordenó el registro, datos del expediente o causa de la que deriva la inscripción, número de pagos incumplidos y el monto del adeudo alimentario.
Por otra parte, se propone la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales, el cual será el sistema de información de carácter administrativo y de investigación criminal, que tiene por objeto la plena identificación de las personas condenadas con sentencia firme por delitos de naturaleza sexual.
La información que genere dicho registro se referirá a personas condenadas en el estado de Veracruz y, en su caso, en el extranjero o en otras entidades federativas, de conformidad con los convenios que al efecto realice la Segob.
Al exponer su propuesta, la diputada Maribel Ramírez subrayó que el Registro de Deudores Alimentarios busca inhibir la falta de pago de las pensiones alimenticias, a través de su registro en una lista que los obligue, “ya que cerca del noventa por ciento de los casos de demanda de alimentos, son tramitados por parte de la madre de familia. Son las mujeres quienes hacen frente a la afectación psicológica, económica, familiar, como responsables de sus hijas e hijos”.
Agregó que este Registro se visualiza como un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los progenitores que incumplan con sus obligaciones; “que las personas obligadas al pago de alimentos no persistan en el incumplimiento”.
Asimismo, indicó que la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños marca de por vida a las personas víctimas de ésta y, manifestó, que de acuerdo con la Unicef en México 19.2 millones de mujeres fueron sometidas, en algún momento de su vida, a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual, “por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres”.
Por último, expresó su interés por generar condiciones para abogar por el cumplimiento de la garantía de no repetición, la cual consiste en que, a diferencia de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, se encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito que no se repitan la vulneración de los derechos de las víctimas.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia.
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