Por: José Roberto Ruiz Saldaña
Publicado originalmente en La Jornada Veracruz
El pasado 05 de noviembre, los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acompañamos al Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, a la Cámara de Diputados y Diputadas con motivo de la invitación que le formuló ésta para exponer el proyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio 2022. No se requería ser muy perspicaz para pensar que la mayoría legislativa aprovecharía la ocasión para atacar al Consejero Presidente, al INE, y que aquél aprovecharía también la oportunidad para defenderse y defender a la institución. Quizá, lo que faltó a quien esto escribe fue imaginación para visulizar el deplorable papel con el que se conduciría aquella mayoría en esa ofensiva.
En efecto, el Consejero Presidente expuso, a propósito del proyecto de Presupuesto para 2022, que éste se compone de 24 mil 649 millones, de los cuales 5 mil 821 millones corresponden al financiamiento que, conforme a la Constitución, debe distribuirse como financiamiento público a los partidos políticos; 5 mil 743 millones son una partida precautoria, esto es, por si deben organizarse los dos procesos de democracia participativa, a saber, la de Revocación de Mandato y la Consulta Popular; y 13 mil 84 millones corresponden al presupuesto base o sea de operación del Instituto y para diversos proyectos.
Para una mejor comprensión de los requerimientos del INE, habría que destacar que 28.4 por ciento del presupuesto base se destina a la expedición de la credencial para votar y la actualización del padrón electoral; que 3 mil 498 millones se destinan para la operación de la estructura desconcentrada del INE donde labora el 70 por ciento de las personas que integran el Servicio Profesional Electoral del Instituto; que se requerirán 338 millones para fiscalizar a los partidos políticos y 275 millones para operar el sistema de monitoreo de radio y televisión en todo el país. En 2022 habrá elecciones para renovar, entre otras, seis gubernaturas, por lo que el INE requerirá mil 37 millones para organizar esas seis elecciones locales.
Como decía, ante datos duros no hubo por parte de la mayoría legislativa respuestas ni argumentos sino descalificaciones. No hubo ninguna respuesta a la invitación a reflexionar en el sentido que si dicho presupuesto es solicitado es por el diseño constitucional y legal no solo del INE sino del sistema electoral mexicano y ahora de participación ciudadana. ¿Tiene sentido que haya elecciones en 2022 nuevamente cuando el pasado 06 de junio tuvimos en todo el país? ¿Tiene sentido que los procesos de democracia participativa se realicen en fecha distinta a la de las elecciones, generando nuevamente costos en un breve tiempo?
La única referencia a alguna cuestión económica por parte de la mayoría legislativa fue el monto del sueldo del Consejero Presidente. Pero hubo una respuesta puntual: esa misma Cámara baja este mismo año aprobó un régimen de excepción para que, entre otros, los Consejeros del INE puedan ganar más que el Presidente de la República. Además, siempre señalaron un monto por encima a lo real, no se sabe si por descuido o por dolo.
Por falta de tiempo en su primera intervención, el Consejero Presidente no pudo destacar que desde la reforma de 2014, es decir, en la era INE, el Instituto ha organizado exitosamente 308 procesos electorales; que en el plano local hemos organizado 240 procesos ordinarios incluyendo 51 de gubernaturas; que asimismo llevamos a cabo la elección de la dirigencia del PRD en 2014, la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, la encuesta para definir la dirigencia nacional de morena en 2020, así como la Consulta Popular el pasado 1 de agosto. Desde 2014 el INE ha visitado en su domicilio a más de 46 millones de mexicanos y mexicanas; capacitado a más de 5 millones de funcionarios y funcionarias de casilla e instalado más de 600 mil casillas en todo el país. El INE diariamente atiende en promedio a 120 mil personas en los Módulos de Atención Ciudadana y desde 2014 ha producido y entregado casi 110 millones de credenciales gratuitamente. En materia de fiscalización, desde ese año hemos auditado un monto superior a los 160 mil millones y se administra el sistema de monitorieo de más de 2 mil 700 estaciones de radio y televisión para verificar que se transmitan los promocionales de los partidos, autoridades electorales y candidaturas independientes.
Ciertamente, las y los Consejeros -y, en general, el personal del INE- no requerimos que se nos agradezca por ese trabajo; se hace con compromiso democrático y es una obligación legal y constitucional. Pero sí hemos manifestado, y la participación del Consejero Presidente en la Cámara de Diputados y Diputadas fue una valiosa oportunidad para reitararlo, que han sido y continúan siendo injustas las descalificaciones al Instituto y que la defensa de la autonomía de esa gran institución seguirá firme.
Al final de la larga jornada el viernes pasado me quedaron dos sensaciones. Por una parte, un pesar porque en la Máxima Tribunal del país no impere un diálogo razonable ni el ánimo por una dialéctica que busque, en el fondo, el bien del país; y por otra, aparentemente de forma contradictoria, un optimismo porque la causa de la democracia, del fortalecimiento de las instituciones electorales y de la construcción de un país de leyes mostró vitalidad y contundencia.
@Jose_Roberto77