José Azueta, Ver.- La madrugada de este sábado fueron hallados 3 hombres ejecutados al interior de una camioneta.
El hallazgo se realizó sobre la carretera federal en el tramo comprendido entre los municipios de Loma Bonita Oaxaca y José Azueta, a la altura del lugar conocido como La Capilla.
Los cadáveres se encontraban uno distante del otro y sobre el cuerpo de uno de ellos una cartulina con un mensaje donde indicaban las actividades ilícitas a las que se dedicaban, como el robo de ganado, extorsión, secuestro, y violación.
Además presentaban heridas por proyectil de arma de fuego y huellas de violencia.
El lugar estuvo asegurado por las corporaciones policiacas, mientras que autoridades ministeriales se abocaron a realizar las diligencias donde al término ordenaron levantar lo cuerpos que fueron enviados al semefo en calidad de no identificados.
Sin embargo se presume que podría tratarse de las personas que ayer fueron levantadas en el municipio de Isla.
Donde una de ellas fue identificada como Onésimo Herrera Domínguez alias “El Boca Negra”.
Si embargo se espera que en las próximas horas sean identificados de manera oficial.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, generó polémica esta semana al calificar como «violencia vicaria» las burlas dirigidas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este pidiera ser llamado por su nombre completo y no «Andy» durante su participación en el pódcast La Moreniza.
Tras la difusión del episodio, usuarios en redes sociales y figuras políticas, como Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se burlaron de la solicitud de López Beltrán, lo que provocó una oleada de comentarios. En respuesta, Monreal expresó en su cuenta de X que estas reacciones eran una forma de violencia vicaria y manifestó su solidaridad con el hijo del exmandatario.
Monreal incluso publicó un texto titulado «Derecha vicaria» en su sitio web, donde argumentó que la oposición estaría utilizando una «forma de violencia política vicaria» al atacar a López Beltrán, al no poder confrontar directamente a López Obrador. Según el senador, estas acciones reflejan un intento por dañar al expresidente a través de su hijo.
La declaración fue duramente criticada por el Frente Nacional Mujeres (FNM), una organización que lucha contra la violencia de género. A través de un comunicado difundido también en X, el colectivo señaló que la violencia vicaria es un fenómeno específico y grave, que afecta a mujeres mediante el maltrato, secuestro o asesinato de sus hijas e hijos, con el objetivo de causarles daño emocional y destruir el vínculo materno.
«El uso político del término invisibiliza el sufrimiento real de cientos de mujeres e infancias víctimas de esta violencia. No es algo simbólico ni mediático; es brutal y tangible», reclamó el FNM. Para la organización, utilizar este concepto en un contexto de discusión pública trivializa su gravedad y muestra un desconocimiento preocupante de los derechos humanos.
Hasta el momento, Ricardo Monreal no ha emitido una respuesta directa a las críticas de los colectivos feministas. Sin embargo, el debate ha reabierto cuestionamientos sobre el uso responsable del lenguaje en la política y la importancia de no desvirtuar conceptos vinculados a luchas sociales y de género.
El DIF Oaxaca abrió una investigación tras difundirse imágenes de una boda en San Juanito Yosocani donde presuntamente participaron menores de edad
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca inició una indagatoria formal tras la circulación en redes sociales y medios de comunicación de fotografías y videos que muestran la celebración de una boda en la comunidad de San Juanito Yosocani, donde presuntamente participaron menores de edad y se observó el consumo de bebidas alcohólicas.
La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennao) ya abrió el expediente correspondiente (0628/PRODENNAO/SPE/2025), con el objetivo de examinar si se violaron derechos fundamentales de menores en el contexto de dicha ceremonia, ubicada en la región de la Costa.
“Se tiene el objetivo de detectar posibles vulneraciones de derechos y evaluar las situaciones de riesgo en la que se encuentran los adolescentes involucrados. Aunado al consumo de alcohol entre niñas y niños”, comunicó el organismo.
Como parte de esta acción, se implementará una intervención psicosocial en el sitio de los hechos. Esta evaluación se realizará bajo un enfoque multidisciplinario, centrado en la protección integral y en la identificación de factores de riesgo que puedan comprometer el bienestar físico y emocional de los menores.
En caso de confirmarse que se trató de una unión temprana entre adolescentes, la Prodennao procederá a dictar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad, así como asegurar condiciones adecuadas para su desarrollo personal y social.
La legislación mexicana es clara al respecto. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su artículo 45, estipula que todos los menores de edad deben estar protegidos contra uniones forzadas y tempranas. Además, el Código Civil Federal, reformado el 3 de junio de 2019, establece en su artículo 148 que el matrimonio solo puede celebrarse entre personas mayores de 18 años. Esta norma es replicada en los códigos civiles de todas las entidades federativas del país.
El caso ha generado inquietud en diversos sectores, no solo por la presunta celebración de un matrimonio infantil, sino también por las implicaciones sociales y legales del consumo de alcohol en menores durante una ceremonia tradicional. El DIF Oaxaca reiteró su compromiso de actuar con base en la ley y con enfoque en la protección de los derechos de la infancia.
Una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad indígena del municipio de Santa Catarina, dio a luz en el Hospital General de Rioverde, ubicado en la zona Media de San Luis Potosí.
La situación fue confirmada por Óscar Camacho, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) en esta región, quien detalló que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el entorno en el que ocurrió el embarazo y deslindar responsabilidades.
Camacho explicó que en varias comunidades de esta zona prevalecen usos y costumbres en los que no se perciben como anómalos los embarazos adolescentes, pese a que están penados por la ley.
La madre adolescente y su bebé se reportan en buen estado de salud y han recibido atención especializada por parte del personal de la PPNNA, que da seguimiento al caso para garantizar su integridad física y emocional.
Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, educación y protección en comunidades indígenas y rurales, donde aún persisten prácticas que vulneran los derechos de niñas y adolescentes.
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